excelente articulo.

Excelente el artículo que escribieron. Tienen mucha razón en todo lo que dicen y comparto ampliamente la visión de lo que ha ocurrido y de la proyección futura que tendrá este hecho. Hay solamente dos elementos que aportaría al respecto, los que, en todo caso, están implícitos en el análisis.

Uno, que la baja cantidad de víctimas fatales se debe más al
maremoto que al terremoto en sí mismo, puesto que la calidad de la
construcción en nuestro país es muy alta, lo que ahora quedó de manifiesto, lo cual es el resultado de una larga y sostenida política pública.

Sobre este punto permíteme comentarte que la preocupación por el problema sismológico en Chile comenzó con el terremoto de Valparaíso de 16 de agosto de 1906, que motivó al Gobierno del momento – del muy aristócrata Don Germán Riesco Errázuriz – iniciar los estudios científicos de estos fenómenos, los que culminaron, en 1908 – bajo el Gobierno de don Pedro Montt Montt, hijo de don Manuel, el más conservador de los Presidentes que hayamos tenido -, con la fundación del Instituto Sismológico de Chile, para cuya dirección contrató al sismólogo francés, Monsieur Fernand Montessus de Ballore.

Luego, el terremoto de Talca, de 1928, grado 8,3, motivó que el Gobierno de entonces – del muy dictador Gral. Ibáñez – nombrara una comisión de ingenieros para dictar una legislación en construcción, que se empezó a aplicar durante su mismo Gobierno en 1930, como reglamento, y que después se convirtió en la Ley General de Urbanismo y Construcción en 1935 – ya bajo el Gobierno del derechista Sr. Arturo Alessandri Palma -, la cual, con múltiples modificaciones, está vigente hasta hoy. Desde esa época, 1928 en adelante, con cada terremoto, se ha perfeccionado la normativa.

El terremoto de 1960 motivó que el Gobierno de entonces – del derechista Sr. Alessandri Rodríguez, hijo del citado Alessandri Palma – dispusiera los estudios para elaborar una norma moderna antisísmica que fue conocida como NCh433Of.72 (Norma Chilena de Diseño Sísmico de Edificios). Terminados los estudios, que tomaron una década, se modificó dicha ley y se introdujo esa norma mediante una reforma legal en 1971, cuando el Presidente era el socialista Dr. Allende.

Luego del terremoto de 1985, el Gobierno del momento – del dictador Gral. Pinochet – se inició una nueva revisión de la ley para recoger las lecciones y adecuarla a las nuevas técnicas constructivas, la que culminó con su respectiva reforma otra década después, en 1996, cuando el Presidente era don Eduardo Frei, concertacionista de centro-izquierda. La norma NCh433Of.72, de la década del 60, fue así reemplazada por la NCh433Of.96, en plenos años `90, que recoge las enseñanzas del terremoto del año 1985.

El gran desarrollo de la edificación de los últimos años se ha regido más bien por esta última norma, sobre la base de una larga historia que, como puedes apreciar, trasciende a los Gobiernos y a su signo ideológico, y cuyos buenos resultados han quedado demostrados. No cabe duda que este terremoto generará una nueva revisión de las normas para perfeccionarlas con las lecciones aprendidas, como se viene haciendo desde 1928. Y dos, que el cumplimiento de la citada normativa antisísmica se basa, principalmente, en la autorregulación de los propios constructores, es decir, de los profesionales y especialistas (arquitectos, ingenieros y calculistas) que se desempeñan en las empresas constructoras.

Lo anterior es importante porque en la actualidad no hay un organismo público que fiscalice en terreno y directamente, con sus propios especialistas, el cumplimiento de las citadas normas mientras los edificios se construyen o inmediatamente después.

De hecho, una de las materias que ha surgido ahora es si no sería conveniente que el Estado hiciera esa fiscalización directamente. Esto último, pensando en los poquísimos edificios que colapsaron, los que, sin duda alguna, se debió a que no se cumplieron esas normas. Este sentido de responsabilidad profesional de nuestros ingenieros me parece muy notable y digno de destacar, lo cual contrasta con la corrupción que puede darse en este campo en otros países.